Alexander de la Rosa Álvarez es un joven ingeniero que ha dedicado 7 años de su vida a la docencia en el Instituto Politécnico Industrial de Santiago, (IPISA). Pero desde el inicio del año lectivo 2013-2014, sus esperanzas y la de otros siete docentes del IPISA, que llevan laborando entre 10 a 25 años en la institución, han chocado contra el muro impenetrable de la política y la religión al interior del Ministerio de Educación.
El IPISA, con el visto bueno del MINERD, ha impuesto la privatización religiosa de la educación en el centro escolar, con normas violatorias al artículo 55 de la Ley General de Educación 66-97; al artículo 333 del Código Laboral que prohíbe despedir o suspender a un trabajador por pertenecer a un sindicato; a la Constitución de la República en sus artículos No. 39 de derecho a la igualdad, No. 45 de Libertad de Conciencia y de Cultos, Nos. 47 y 48 de Libertad de Asociación y Reunión, y No. 62 de Derecho al Trabajo. El artículo 62 define como derechos básicos de los y las trabajadoras, la libertad sindical, la negociación colectiva, el respeto a su capacidad física e intelectual, y prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante su prestación, entre otros derechos.
Las calamidades del ingeniero Alexander comenzaron con una carta enviada por el Director del IPISA, el sacerdote Jesús Baltazar Santana, SDB, el viernes 26 de julio de 2013, a la Lic. Claribel López, Directora del Distrito Educativo de Santiago 08-03. En la copia de la carta que me fue remitida, el sacerdote “pone a la disposición del Distrito” al Ing. Alexander de la Rosa Álvarez. El motivo expreso es su “indisposición para adaptarse al estilo educativo salesiano”. La Carta NO expresa incumplimiento de deberes ni ineficiencia de sus métodos de enseñanza, por el contrario, añade: “Entendemos que el profesor podría desarrollar sus capacidades al máximo en otra institución educativa”.
Días después del inicio del año escolar, el director Salesiano intentó materializar el traslado anteriormente solicitado al Distrito Educativo de Santiago, 08-03. Pero la petición fue rechazada por el Distrito porque no había ningún expediente que sustentara las razones del traslado. En cambio, la petición violaba el artículo 55 del Estatuto del Docente y la Ley Orgánica de Educación 66-97 que norma los traslados de docentes al interior del sistema Público de Educación, el cual no contempla centros con filosofías diferentes a los establecidos por la Ley.
Al finalizar las vacaciones del año lectivo 2012-2013, los ocho docentes del IPISA, recibieron una extraña llamada telefónica del Padre Jesús Baltazar Santana, para comunicarles que podían extender sus vacaciones. Los profesores afectados, Rosario del Carmen Núñez Cruz, Ing. Alexander De La Rosa Álvarez, Virgen Arnalda Bretón, Arlyn Elisabeth Burgos, Basilia Bello Castillo, Nuris Altagracia Hernández, Joel Grullón y Pedro María Trinidad se dirigieron al Centro para informarse sobre la llamada, dado que la Dirección del MINERD es el único organismo autorizado para cambiar el calendario escolar. Al llegar al centro educativo el sacerdote Baltazar les dejó saber que serían trasladados del IPISA, alegando que los salesianos tienen la potestad de cambiar el personal cuando lo creen conveniente. Pero el mayor asombro lo recibieron más tarde en una reunión. El sacerdote les comunicó que “en la filosofía salesiana no se permite la asociación sindical y que en dicho centro solo se hace lo que ellos ordenen”__según relatan los docentes afectados, que además alegan que los salesianos ya creen tener derecho de propiedad del IPISA.
Los docentes afectados integran la unidad base sindical de la ADP en el centro educativo, y los demás docentes pertenecen al sindicato y pagan la cuota requerida. Dicen que durante los 7 meses que han sido separados de sus puestos de trabajo “no hay un funcionario de educación de la República Dominicana que puede hacer valer la Ley y la Constitución ya que estos alegan que la Iglesia es un poder que no se puede tocar. Desde entonces los maestros estamos sentados en el patio de la institución sin ejercer ninguna función porque en la República Dominicana hay una congregación que tiene la potestad de estar por encima de las leyes dominicanas y de la Constitución de la República”. Además alegan que en numerosas visitas del Ministro de Educación a IPISA, éste solamente se reúne con los sacerdotes, excluyendo al resto de docentes.
Aquí debemos explicar que el Instituto Politécnico Industrial de Santiago, (IPISA) es una institución pública, pagada y mantenida con el dinero de los contribuyentes. El Contrato suscrito el 30 de diciembre de 1987 entre el Lic. Pedro Pichardo, por la entonces Secretaría de Educación y el Padre Ángel Soto, por la Sociedad de San Francisco de Sales (Salesiana), establece que la Secretaría entrega su dirección y administración a la Sociedad Salesiana, no su propiedad. El contrato evidencia privilegios concedidos a los religiosos, que no reciben los ciudadanos corrientes por el ejercicio de las mismas funciones. El Estado no solo construyó la infraestructura del IPISA sino además la residencia privada de los salesianos equipada con todo el mobiliario necesario, y pagándole el gasto en hoteles en espera de construirles una residencia a su medida, además de proveerlos con vehículos, los sueldos de laicos y religiosos del IPISA, energía eléctrica, y un subsidio mensual de RD$5,000 pesos oro para costos de mantenimiento y materiales educativos. Además, el contrato incluye el subsidio mensual de RD$10, 000 pesos oro (valor de 1987) para el Instituto Técnico Salesiano (ITSA) de Santo Domingo, pago irregular por ser una institución de carácter privado.
El contrato establece en su artículo 11 que “el Politécnico se regirá internamente, según los métodos psicopedagógicos y la filosofía de la Sociedad Salesiana, respetando siempre las normas oficiales de la Secretaria para estos establecimientos”. El artículo 13 establece que “el politécnico mantendrá su carácter de institución mixta, y no se establecerá ningún tipo de discriminación religiosa ni de ninguna otra índole”. En otras palabras, el Director argumenta a favor de “la filosofía de la sociedad Salesiana” sin tomar en cuenta los límites impuestos por el Contrato: El artículo 5, compromete a los Salesianos a cumplir “con las programaciones oficiales de la SECRETARÍA, las Leyes Nacionales, y la Ley Orgánica de Educación”.
¿Qué han hecho lo docentes afectados para reclamar sus derechos? Han realizado manifestaciones en la zona sur de Santiago apoyados por la ADP y además, interpusieron un Recurso de Amparo en contra del IPISA y del padre Jesús Baltazar. Pero, para su sorpresa, alegan que el mismo Ministro les otorgó un poder a los abogados de la consultoría jurídica del Ministerio de Educación para que se presentaran a defender al padre Baltazar Santana, su compueblano y amigo de largos años. Por esta razón, después de meses infructuosos de usar medios legales que no afecten el calendario escolar, la ADP iniciará paros educativos en toda la zona urbana de Santiago. Paro pudo evitarse si el MINERD hubiese cumplido las leyes.
Por su parte, para el año lectivo 2013-2014, los docentes alegan que el padre Baltazar ha implementado un nuevo contrato de trabajo que les obliga a asistir a actividades extracurriculares religiosas en violación de la Ley General de Educación, y de la Libertad de Religión. Con su apoyo a la filosofía salesiana al interior del MINERD, el cual desconoce el derecho de los docentes a organizarse, (necesario para que con cada cambio de gobierno los políticos no los destituyan para nombrar a sus seguidores), el nuevo Ministro de Educación está contribuyendo a que el Pacto por la Educación (2014-2030) fracase igual que lo han hecho los planes decenales y todos los acuerdos que solo logran presencia mediática.
Es hora de que el Presidente Medina haga lo que nunca se ha hecho. ¡Sacar la política y la religión de la Escuela Pública! Así se evitará que nuestros niños languidezcan de aburrimiento y confusión en tandas extendidas y la ignorancia sea la principal característica de la identidad dominicana.